Varias sentencias resuelven
de manera contradictoria expedientes de regulación de empleo similares.
El parón de juzgados y tribunales
decretado por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus llevó a un
buen número despachos de abogados a presentar un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE) para sobrevivir a la caída de los ingresos. Algunas
firmas, sobre todo especializadas en litigación, optaron por justificar la
medida en una causa inevitable o de fuerza mayor. A diferencia de los ERTE por
motivos económicos, los expedientes de este tipo no precisan de negociación con
los trabajadores y dan acceso a bonificaciones de hasta el 100% de las cuotas a
la Seguridad Social. Pero ¿pueden realmente los bufetes beneficiarse de estas
ventajas?
Un juzgado de lo social de
Zamora ha sido el primero en pronunciarse al respecto. El fallo analiza un ERTE
por fuerza mayor solicitado por un bufete para tres auxiliares administrativos
y una limpiadora. La jueza entiende que la autoridad laboral actuó
correctamente al rechazar la solicitud dado que “la actividad única de la
empresa es la de asesoramiento legal y defensa jurídica, expresamente incluida
en la lista de actividades esenciales”. Es decir, que según la magistrada, los
despachos (al igual que supermercados o farmacias) no se han visto afectados
por el cierre de negocios y, por tanto, no pueden alegar un motivo inevitable
para suspender contratos o reducir jornadas.
El profesor de Derecho del
Trabajo Ignasi Beltrán señala que el juzgado hace una interpretación
restrictiva del decreto ley que regula los ERTE por Covid-19 sin tener en
cuenta la modificación que introdujo el Gobierno a finales de abril y que
permite a las empresas declaradas esenciales iniciar un expediente por fuerza
mayor siempre que afecte a trabajadores auxiliares, cuya labor no sea
imprescindible. Detrás de esta omisión podría estar la propia cronología del
expediente. “Todo hace indicar que fue solicitado en marzo, antes de la entrada
en vigor de la reforma que flexibiliza las condiciones de estos instrumentos”,
puntualiza Beltrán.
Asuntos urgentes
Un caso similar ha sido
resuelto recientemente por un juzgado de Burgos aunque con un resultado bien
distinto. En esta ocasión, el solicitante era un abogado que tenía como única
empleada a una secretaria que se encargaba de citar a clientes y responder
llamadas. El fallo dictamina que el ERTE está adecuadamente justificado en una
causa de fuerza mayor porque la actividad a la que se dedica el letrado “ha
quedado suspendida casi en su totalidad, como consecuencia de la práctica
paralización de la actividad jurisdiccional, y ha quedado exclusivamente limitada
a las actuaciones urgentes”.
Según el laboralista Víctor
Canalda, aunque esta sentencia no sienta jurisprudencia, es importante porque
abre la puerta a que las firmas apliquen un ERTE por fuerza mayor no solo a
trabajadores auxiliares, sino también a letrados contratados que no se dediquen
a asuntos urgentes como la presentación de denuncias o la asistencia jurídica a
detenidos.
El profesor de Derecho del
Trabajo Daniel Toscani discrepa de este análisis y asegura que ningún juez ha
puesto en duda que la abogacía sea una actividad esencial. En consecuencia,
desde su punto de vista, no cabe aplicar un expediente de este tipo ni a
letrados ni a asesores jurídicos en nómina. “Solo se me ocurre una excepción:
que varios trabajadores hayan caído enfermos y el despacho haya tenido que
cerrar. En ese supuesto, el procedimiento sí que podría incluir a toda la
plantilla”, asegura.
Posible rebrote
El Gobierno ha prorrogado los
expedientes por fuerza mayor hasta el próximo 30 de septiembre. No obstante, en
opinión de los expertos es probable que la herramienta vuelva a generalizarse
si hay un rebrote del coronavirus y se impone una cuarentena similar a la del
mes de marzo. “Es muy importante que el Ejecutivo se adelante a los
acontecimientos y clarifique la normativa laboral para que las empresas,
incluidas las del sector legal, sepan a lo que atenerse”, señala Beltrán.
ASÍ AFRONTAN LA CRISIS LOS BUFETES EN OTROS
PAÍSES
EE UU. Baker McKenzie, uno de los despachos más
importantes del país norteamericano, ha anunciado un recorte del 15% en el
salario de sus abogados no asociados. No es el único. Hogan Lovells también
reducirá hasta en un 25% el sueldo de los letrados que ganen más de un millón
de dólares al año.
Reino Unido. Clifford Chance, Allen & Overy y otros
miembros del magic circle dejarán de aplicar aumentos salariales a partir del
mes de septiembre. Además, el gigante DWF cerrará sus oficinas de Bruselas y
Singapur y despedirá a 60 trabajadores de aquí a final de año.
Francia. A pesar de los préstamos a bajo interés
aprobados por París, la mayoría de grandes firmas han empezado a tomar medidas
para garantizar su viabilidad económica. Así, por ejemplo, Gide Loyrette Noel
reducirá las comisiones y pluses de sus
socios de manera progresiva dependiendo de su antigüedad.
Italia. El Gobierno ha puesto en marcha un instrumento
similar a los ERTE del que se benefician miles de despachos. Entre ellos, el
milanés Bonelli Erede que cuenta con más de 500 trabajadores. Las suspensiones
de empleo y las reducciones de jornada podrían alargarse hasta finales de año
dependiendo de la evolución de la economía.