El Gobierno deniega los fondos del plan de subvenciones a los negocios en crisis pero al corriente de pago. Una de cada tres negocios no recibirá ayuda por los requisitos y casi la mitad desistirá por el exceso de burocracia.
El plan de ayudas directas para pymes y autónomos que iba a convertirse en la tabla de salvación de cientos de miles de negocios y empresas se está convirtiendo en una callejón sin salida. A la tardanza de las comunidades en activar los protocolos de recepción de solicitudes se suma el tapón burocrático que va a impedirles acceder a estas mal llamadas ayudas, ya que en realidad estos fondos están encuadrados en la Ley General de Subvenciones, por lo que «no son ayudas directas, sino subvenciones que deben demostrar su utilización en las finalidades establecidas en el decreto», denuncian desde la patronal Cepyme. Por tanto, debe justificarse cada pago pendiente a proveedores y a otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, situación compleja para muchos autónomos y para las propias administraciones, que deben justificar cada partida de estos fondos y su distribución.
A estas trabas burocráticas hay que unir otras muchas. La principal –pero no la única–, que solamente las pymes y autónomos con deudas acumuladas durante la pandemia podrán acceder a estas subvenciones. Esto implica que quedan fuera del paragüas gubernamental miles de empresas en crisis, con más del 30% de pérdidas acumuladas durante la pandemia pero que se encuentran al corriente de pagos. Y todo pese a que desde la Comisión Europea se autorizó que todas las empresas con pérdidas antes del 31 de diciembre de 2019 pudieran acceder al Plan. El problema es que entre ellas también se quedarían fuera las que no estén al corriente de pago con la Administración. «Es un sinsentido. Da igual deber a una Administración que a un particular», critican los empresarios.
No existen datos generales ni sobre la presentación de solicitudes ni sobre las que han sido denegadas. Pese a ello, fuentes de varias comunidades y diversas patronales confirmaron a este diario que el número de empresas que se puede quedar fuera de estas ayudas «será elevadísimo». Según una estimación conjunta, al menos una de cada tres empresas no podrá presentar una solicitud, y advierten que otros muchos miles que podrían optar a recibirlas ni siquiera lo intentarán ante el caos burocrático y las justificaciones exigidas, con lo que los afectados podrían ser la mitad. En el caso de los autónomos, se complica sobremanera por una simple cuestión de fechas de sus obligaciones tributarias.
Por ello, patronales, asociaciones de autónomos y empresarios han vuelto a mostrar su indignación por las dificultades que se están encontrando. Y su preocupación va en aumento por los plazos, por la inconcreción de las cuantías que recibirá cada empresa y por su rechazo a que sigan excluidos decenas de sectores. Pese a que las comunidades autónomas han ampliado el listado de beneficiarios –por ejemplo, Madrid ha ampliado los sectores oficiales del decreto hasta los 120–, otras han sumado muchos menos y puede darse la paradoja de sectores que puedan solicitar ayudas en unas regiones y no lo puedan hacer en otras. Critican que la decisión de dejar carta blanca a cada Gobierno regional está provocando agravios comparativos entre comunidades.
«Es un caos administrativo absoluto», cargan desde la patronal Cepyme, «además de ser discriminatorio». Critican que el plan no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico real que han sufrido durante la crisis, ya que aunque demuestren que han tenido unas pérdidas de al menos el 30% de su facturación, si se está al corriente de pago y no se tienen facturas pendientes se les deniega la ayuda.
«Miles de autónomos y empresarios no pueden optar a estas compensaciones económicas para evitar su cierre porque han cometido el error de haber pagado sus deudas. Es incomprensible. Han hecho un esfuerzo extraordinario para mantenerse a flote y sin deudas, han hipotecado sus casas, gastado sus ahorros y pedido créditos, y la recompensa que les da el Gobierno por ese esfuerzo es cero. No se tiene en cuenta y se les niega la salvación de su negocio», denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA.
El segundo paquete de fondos habilitados en el Plan -destinado a reestructurar deuda de las empresas y dotado con otros 3.000 millones-, también está siendo ampliamente criticado, tanto por las patronales como por el propio sector bancario, que ha puesto en duda la eficacia de esta financiación por la complejidad para acceder a ella y las dudas que les genera la posibilidad de que se les fuerce a asumir quitas, que elevarían peligrosamente sus balances de morosidad y podrían obligarlos incluso a realizar provisiones adicionales.
También habrá agravios regionales respecto a las fechas de recepción de las ayudas. Mientras en Madrid ya se han realizado las primeras transferencias a los beneficiarios, en el resto de comunidades ni siquiera han solicitado a la Agencia Tributaria información sobre los demandantes, ya que se encuentran todavía en la fase inicial de la recepción de solicitudes oficiales. La consecuencia de esta demora por parte de los gobiernos autonómicos significará que, como pronto, las primeras ayudas empezarán a fluir en la segunda quincena de junio o incluso entrado ya julio, casi cinco meses después de que se aprobara el plan de 7.000 millones en ayudas directas.
FUENTE: LA RAZÓN