A partir de 2025, España implementará una serie de cambios fiscales que impactarán tanto a empresas como a trabajadores autónomos. Estos ajustes representan no solo desafíos, sino también oportunidades para optimizar procesos y adaptarse a la era digital.
Uno de los cambios más relevantes será la obligatoriedad de utilizar la factura electrónica en todas las transacciones comerciales entre empresas y profesionales. Esta medida, derivada de la Ley 18/2022 (Ley Crea y Crece), busca impulsar la digitalización del tejido empresarial y mejorar la eficiencia operativa. A partir de la aprobación del reglamento en 2024, los plazos para adaptarse serán los siguientes:
Este cambio implica una inversión en tecnología y formación para ajustar los sistemas de facturación. Si bien puede representar un reto, también traerá consigo mejoras sustanciales: mayor control sobre las operaciones, reducción de errores, y una significativa disminución de fraudes fiscales.
Otro aspecto importante de la reforma será la modificación en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. En 2025, se implementará un sistema basado en los ingresos reales, que se viene introduciendo de manera progresiva desde 2023. Esta medida implica que la cotización a la Seguridad Social se ajustará a los ingresos efectivos de cada autónomo.
Las implicaciones prácticas de este cambio incluyen:
Este sistema requerirá que los autónomos lleven un control más exhaustivo de sus ingresos y ajusten su base de cotización conforme a las variaciones en sus beneficios.
La entrada en vigor de la Ley Antifraude en 2025 marcará otro hito en la reforma fiscal, con la implementación de medidas más estrictas para combatir el fraude y promover la transparencia. Entre las principales exigencias se encuentra la obligación de utilizar software certificado para la facturación y contabilidad de las empresas. Este software debe cumplir con rigurosos estándares para garantizar la integridad y trazabilidad de la información fiscal, lo que permitirá a la Agencia Tributaria un control más eficaz sobre las operaciones de las empresas.
Aunque esta nueva obligación implica la revisión de los sistemas contables actuales y la posible actualización o adquisición de nuevas soluciones tecnológicas, también presenta una oportunidad para modernizar la infraestructura interna de las empresas, mejorar la eficiencia operativa y minimizar riesgos fiscales. Es fundamental que los empresarios comiencen a evaluar opciones de software certificado con antelación para asegurar su correcta implementación.
La planificación fiscal estratégica será esencial para las empresas que deseen adaptarse con éxito a los cambios previstos para 2025. Con la introducción de nuevas normativas, será necesario revisar los procesos internos, ajustar las bases de cotización, y actualizar los sistemas de facturación. Una planificación adecuada no solo facilitará el cumplimiento de las normativas, sino que también permitirá a las empresas optimizar sus procesos y mantener su competitividad.