- 25 de octubre de 2022
Aprobado un nuevo Real Decreto-ley que amplía los beneficiarios de descuentos en las tarifas de gas y electricidad
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que tiene por objeto proteger más a los consumidores de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y dar cumplimiento a 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).
Entre estas medidas destacan la extensión de las tarifas reguladas de
calefacción con gas a todos los hogares del país, con el nacimiento de una
nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias, y la
aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para familias
trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. También destacan una
mayor protección para los consumidores vulnerables, más impulso a la eficiencia
energética -especialmente en alumbrado exterior- y más fomento de las
renovables y el autoconsumo.
Gracias a la nueva TUR de ahorro vecinal, en vigor hasta el final de
2023, alrededor de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias de gas
podrán reducir el coste de su calefacción un 50%, alcanzando un nivel de
protección similar al otorgado por las vigentes TUR para los hogares con
calefacción individual. De este modo, todos los hogares con calefacción con gas
tendrán a su disposición tarifas reguladas de protección. Además, el precio de
la bombona de butano está limitado a 19,55 euros desde el pasado mes de junio.
La nueva TUR cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de
los últimos cinco años y esta, para fomentar la eficiencia energética, tendrá
que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre
de 2023, a menos que estén eximidas por inviabilidad técnica; en caso
contrario, se aplicará un recargo del 25% en el término variable sobre el consumo
desde el momento en que la comunidad se acogió a la TUR.
Una partida de 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) de 2023, respaldará la aplicación de la nueva TUR de ahorro
vecinal y del resto de las TUR, cuyas limitaciones de precios se prorrogan
hasta finales de 2023.
Por otro lado, la dotación en los PGE para el bono social térmico
aumentará en 2022 y 2023, alcanzando los 453 millones en cada año. Además, la
cuantía mínima de la ayuda aumenta desde los 25 hasta los 40 euros anuales y la
ayuda media -varía según la zona climática- se eleva hasta los 375 euros
anuales por beneficiario.
Bono
eléctrico de justicia energética
El Ejecutivo ha aprobado la aplicación de un descuento del 40% sobre la
tarifa eléctrica regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC),
para los hogares trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por
la crisis energética. Este bono de justicia energética tendrá carácter temporal
y abarcará hasta finales de 2023.
Podrán recibirlo todos los hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas,
con los multiplicadores aplicados al bono social convencional. Con ello, el
Gobierno amplía la cobertura frente a la escalada de precios de la electricidad
a 1,5 millones de familias adicionales a las ya cubiertas por el bono social
normal, abarcando a toda la población situada en los cuatro deciles de renta
más bajas del país, es decir, el 40% de los hogares con menos recursos.
A modo de ejemplo, en 2023 podrán acogerse al nuevo bono de justicia
energética un adulto con una renta inferior a 16.800 euros anuales o una
familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros anuales, según
se recoge en la siguiente tabla:
Umbrales de
renta para el bono de justicia energética
También se han aumentado los descuentos del bono social preexistente,
de modo que para los consumidores vulnerables pasa del 60% al 65%, mientras que
para los consumidores vulnerables severos pasa del 70% al 80%. Y el volumen de
energía anual sujeta al descuento se incrementa un 15%, hasta los 1.587 kWh en
una unidad de convivencia de una o dos personas y hasta los 4.761 kWh en una
unidad de cinco o más.
Adicionalmente, la minoración de gas, que frena el alza de los precios
de la electricidad para los consumidores por encima de los 67 €/MWh, aprobada
en septiembre de 2021, se prorroga hasta diciembre de 2023.
Transparencia
en la factura: ¿qué pasa en tu barrio?
Entre otra información útil para incentivar el consumo responsable, las
facturas de luz y gas de hogares y pymes recogerán el consumo medio de
consumidores domésticos y pymes con el mismo código postal y consejos para
ahorrar. En el recibo de la luz se unificará la información facilitada por la
compañía eléctrica sobre la aplicación del Mecanismo Ibérico y el de gas
recogerá un código QR vinculado a la página del comparador de tarifas de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También se facilita la
recisión de los contratos de gas natural y los servicios adicionales asociados
al suministro, incrementando la protección de los consumidores.
Hasta diciembre de 2023, las empresas y los autónomos podrán modificar
su potencia contratada más de una vez en un plazo inferior a los 12 meses
habituales; una partida de los PGE compensará la merma de ingresos para el
sistema eléctrico. La flexibilidad en los contratos industriales de gas natural
se prorroga también hasta diciembre del año que viene.
Se dotará una partida de 40 millones para sustituir contadores
analógicos de gas por contadores digitales en hogares y Pymes, sin incremento
del coste del alquiler para estos consumidores, fomentando el ahorro de los pequeños
consumidores.
El autoconsumo y las comunidades energéticas reciben otro impulso, al aumentarse la distancia entre punto de generación y autoconsumo en líneas de transporte o distribución hasta 1.000 metros para instalaciones en cubierta, al permitirse más de una instalación en una misma referencia catastral -evitando limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una planta- y con otras medidas, como simplificando la tramitación de las instalaciones: se aumenta de 100 kW a 500 kW el tamaño de la planta exenta de obtener la autorización previa y la de construcción.